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DIPLOMATURA SUPERIOR EN PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO NATURAL-CULTURAL
Primera Edición 2023
Inscripción on-line – ABIERTA
https://forms.gle/Ce1b1tzr6pF66D6PA
Inicio esperado: 5 de junio 2023
Modalidad: virtual
Duración: seis (6) meses
Carga horaria:120 horas reloj
Cursado virtual sincrónico: martes de 15.00 a 18.00 h (Argentina)
Organizan: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales -Universidad de Mendoza
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas - Universidad del Aconcagua
Aval institucional: Departamento General de Irrigación
El nuevo paradigma que surge con la reforma constitucional en la Argentina en 1994, al incorporarse en la Carta Fundamental una “cláusula ambiental”, que reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano sustentable impuso un verdadero Estado ecológico de derecho, donde las autoridades presentan una obligación activa en la tutela del entorno. En este marco, existe una obligación erga omnes de prevención de todo daño ambiental que se manifiesta en diversas regulaciones que encauzan las conductas humanas para la evitación de todo menoscabo al entorno, bajo un sistema jurídico que –en el supuesto de que el daño se produzca- debe instrumentar el deber prioritario de recomponerlo. A partir de allí el derecho ambiental presenta un contenido que invade a todas las ramas conocidas de la ciencia jurídica y constituye un sistema orgánico de normas que contemplan las diferentes conductas protectoras o agresivas del ambiente, sea para prevenirlas, mitigarlas o reprimirlas.
Desde el punto de vista de la prioritaria prevención ambiental adquieren especial relevancia las normas tuitivas del entorno, las que estipulan diversas instituciones para el control de las actividades antrópicas susceptibles de causar afectaciones, tanto en los elementos culturales como naturales del ambiente. La existencia de un complejo sistema de autorizaciones, licencias y permisos previos que son exigidos a partir de una diversidad de normas sectoriales, permite instrumentar actividades en un marco de sustentabilidad adecuado. Un particular aspecto de tal sistema resalta a partir de la Evaluación de Impacto Ambiental.
De igual manera, el alcance tuitivo del sistema incluye mecanismos administrativos y judiciales que se activan cuando las medidas preventivas no han logrado su fin. Un complejo régimen de recomposición, con fuente constitucional, abre camino a la restitución del entorno afectado en caso de que se produzca un menoscabo indeseado.
A la par y dentro de las ramas jurídicas de derecho público, los derechos penal y contravencional o administrativo sancionador presentan un régimen de tutela que incentiva la conducta ambientalmente debida y castiga las actuaciones antijurídicas en la materia.
En la rama penal, los delitos ambientales presentan en el régimen vigente particularidades que responden a diversas técnicas legislativas adoptadas para ello, sea a través de tipos penales en blanco, de peligro o responsabilizando a las personas que actúan a través de entes de existencia ideal; mientras que el régimen policial encuentra su aplicación en el marco de los tradicionales principios propios del derecho sancionador, aunque adecuados a la especialidad administrativa. Además de ello, los novedosos principios provenientes de las regulaciones ambientales han comenzado a influenciar en la interpretación y aplicación de los procesos y procedimientos sancionatorios que propician la tutela del entorno, dando una nueva entidad al alcance de las instituciones tradicionales en la materia
En función de ello se advierte la trascendencia del análisis de los distintos mecanismos preventivos, de recomposición y sancionatorios que integran las normas tuitivas del ambiente, para lo cual será necesario precisar la diversidad del contenido normativo de los preceptos que imponen obligaciones en la materia y sanciones por agravios a las regulaciones, lo que en el régimen vigente en la Argentina implica importantes efectos competenciales y sustanciales.
Por todo lo expuesto, la propuesta de esta Diplomatura, asentada en ambos ejes sancionatorios, desde el derecho penal y el administrativo, resulta integral y única. Asimismo, aspira a la máxima actualización, desde que asume nodos como la criminalidad ambiental empresaria, la responsabilidad de los funcionarios autorizantes y las nuevas propuestas de regulación en cuanto al delito ambiental y patrimonio arqueológico y paleontológico.
Finalmente, convencidos de la importancia de la práctica administrativa y del “derecho judicial”, se procura un aporte desde una visión pragmática como complemento del bagaje teórico, articulando el contenido de cada uno de los módulos que integran la currícula, con el análisis de casos reales.
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