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En el marco del cumplimiento de los 5 años de la Ley Provincial 9070, que regula el Acceso a la Información Pública (AIP) se realiza la 2º edición del Conversatorio. El mismo constituye un aporte desde el sector académico y de la sociedad civil, para clarificar y discutir políticas, reflexionar sobre los desafíos y acuerdos que se necesitan para una Mendoza cada vez más transparente y justa.
En el encuentro participaron autoridades universitarias, docentes, destacados disertantes especialistas en la materia, juristas, periodistas y empresarios de la región.
En el acto de apertura el Sr. Rector de la Universidad, Dr. Eduardo Fernando Luna brindó el siguiente discurso:
«La UNIVERSIDAD DE MENDOZA, a través del Laboratorio de Transparencia e Integridad dependiente de la Dirección de Extensión y Relaciones Institucionales de esta Casa de Altos Estudios y NUESTRA MENDOZA, han organizado este conversatorio sobre “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA”, abriendo un espacio de análisis y debate con personalidades del ámbito político, gubernamental y empresario, como un paso importante para el logro de un buen gobierno, una sana y transparente administración y un manejo efectivo de los controles políticos, jurídicos y sociales, bases de un sistema democrático y republicano.
Esta visión amplia de ambas instituciones organizadoras nos lleva, sin compromisos con ningún sector, a estar presente en todas las áreas de interés para la sociedad y, en esta particular ocasión, como una verdadera caja de
resonancia del clamor social por una mayor transparencia y un verdadero control en las actividades gubernamentales.
Vivimos hoy en nuestro país serios cuestionamientos en orden a la eticidad de la gestión pública, reclamando un
efectivo acceso a la información de las actividades desarrolladas por los diferentes órganos del Estado, que nos
permita ejercer con absoluta libertad nuestros derechos políticos y, consecuentemente, el debido control sobre los
actos públicos, presupuestos esenciales de una vida democrática plena.
El democrático derecho de acceder a la información pública, necesariamente, debe darse dentro de un sistema
republicano, donde los principios de responsabilidad de los funcionarios y publicidad de los actos de gobierno, tengan plena vigencia, de lo contrario serán banas nuestras aspiraciones de contener un poder ejercido sin control ni
limitaciones.
El derecho de las personas a recibir información conlleva, necesariamente, la obligación del Estado de suministrarla. No existiendo obligación legal de dar a conocer los actos de gobierno y no habiendo posibilidad de responsabilizar a los funcionarios públicos por su negativa a proporcionar la información requerida, es evidente que no sólo quedarán afectados derechos fundamentales, sino que no tendremos un verdadero control social, político o judicial sobre los actos de gobierno.
Al no poder manifestarnos libremente, no sólo se habrá violado nuestro derecho de acceder a la información pública,
sino también habremos violentado nuestro derecho a decidir democráticamente nuestro futuro, porque, como señalaba Oyhanarte, “el acceso a la información es un componente imprescindible y directamente proporcional, a la cultura cívica de la ciudadanía y al estado de desarrollo democrático de un país”.
El derecho de acceder a la información pública es, como señalamos, una condición de todo sistema republicano, donde se asegure la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de las actividades administrativas,
condicionantes del ejercicio de otros derechos fundamentales vinculados a la libertad en todas sus manifestaciones y
presupuesto de una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan controlar e incidir en las decisiones de los gobernantes.
Es evidente que, ante la falta de información de los actos o decisiones de las autoridades, tampoco podrá ejercerse en
plenitud el control político propio de la clásica división tripartita del poder. Esto es muy grave. Se pone en dudas el
valor y la vigencia de la división de poderes.
Frente a estas debilidades, nos cabe el deber de asumir con responsabilidad el compromiso, que como argentinos
tenemos con nuestro país, sosteniendo los cimientos éticos y morales de la república, esos valores que nos inculcaran
desde la cuna, afianzados con la enseñanza de nuestros maestros y que, lamentablemente, parece que los hemos
olvidado.
Debemos recobrar nuestras conductas republicanas, aquellas de las que hablaba Montesquieu, fundadas en un
sentimiento de abnegación, desinterés, sobriedad, moderación, honestidad, en fin un sentimiento ético que debe
anidar en todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, y se despliega como el amor a la patria y a las leyes,
conciencia de los límites del poder, moralidad de los medios de comunicación, respeto por la libertad y la igualdad, responsabilidad política y social, con la clara convicción de que la falta de virtud republicana implica la desnaturalización de la democracia.
En este marco, creemos que la educación es el camino que debería llevarnos a superar estas difíciles instancias,
sirviendo de verdadero muro de contención a las malas prácticas, procurando una gestión pública eficaz, transparente y responsable, ejercida conforme a las leyes y a los principios democráticos y republicanos.
Si estos objetivos son logrados, habremos dado respuesta a los reclamos y anhelos de todos nuestros conciudadanos.
Muchas gracias.»
Este encuentro congrega a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UM y de distintas universidades. Del mismo modo es un punto de encuentro para autoridades y personal de dependencias jurídicas y organizaciones sociales, como también para personas de los sectores público y empresarial.
Con una agenda muy nutrida, especialistas referentes en materia de transparencia de importantes organizaciones, se darán cita para compartir actualizaciones y discutir sobre el AIP.
Cabe destacar el rol del Programa de Voluntarios (UM / FNM) para capacitar y formar para lograr difundir la Ley 9070. Todas estas actividades son apoyadas tanto de LABTIUM (Laboratorio de Transparencia e Integridad) como de del Departamento de Extensión y Relaciones Institucionales de nuestra UM.
La actividad contó en los paneles desarrollados en horas de la mañana por destacados profesionales: el Directivo de AEHGA, Fernando Barbera; la responsable del Área de Movilidad Humana de Xumek Jessica Villegas; el representante de la Fundación Nuestra Mendoza, Facundo Heras; el docente Universitario Juan Marcelo Calabria; la periodista, Marisa Alarcón el periodista, Mariano Bustos; la voluntaria Prog. Monitoreo de Transparencia Activa Elsa Sardi y la voluntaria Prog. Monitoreo de Transparencia Activa. Victoria D’Angelo También participaron en el transcurso de la mañana: la especialista en AIP / Egresada UM María Gracia Andía; el subdirector de AIP, Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, Diego Seoane y la directora del Diplomado en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad, UM FCE, Lic. Lucía Toso.
En horario de la tarde los paneles contaron con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay; el Secretario de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada; el Coordinador de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UM, Facundo Diaz Araujo; el Presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi; el Secretario legal y técnico del Senado, César Vázquez; el diputado provincial Manuel Fugazzotto; el Vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Germán Vicchi; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UM, Diego Carbonell; la diputada Daniela García Druetta; el subdirector de AIP de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, Diego Seoane y el periodista Luis Abrego.
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